Para que Europa siga avanzando.

El 4 de mayo de 1976 nacía el diario El País y en su primera portada titulaba:”El reconocimiento de los partidos políticos, condición esencial para la integración en Europa”. Daba cuenta así de una resolución del Parlamento Europeo que exigía al gobierno español, entonces presidido por Carlos Arias Navarro, el restablecimiento de las libertades individuales, políticas y sindicales, la amnistía y el regreso de todos los exiliados.
El proyecto europeo contribuía de nuevo al final de una dictadura en Europa. Transcurridas varias décadas de aquellos momentos, la evolución de nuestro país se ha convertido en otro ejemplo del éxito de este proyecto colectivo, tanto en lo político, como en lo económico y social.
La Constitución sobre la que decidiremos el domingo, pretende que Europa y por tanto nuestra Comunidad, siga avanzando. Quiere dar solidez a las instituciones de la Unión, mejorar la calidad de su democracia y afirmar su modelo social. También simplifica y adapta sus procedimientos para asumir la mayor ampliación de su historia, la que ha permitido superar la división del continente y crear un espacio de 450 millones de personas.
Aspira a ser un punto de encuentro válido para la inmensa mayoría de los europeos y europeas. Unas reglas de juego que luego permitan decidir a los ciudadanos si quieren políticas progresistas o conservadoras.
Para la Comunidad Valenciana, Europa siempre ha sido una aspiración en lo político, lo cultural y lo económico. Tenemos una economía abierta y el 70% de nuestras exportaciones se dirigen precisamente a los países de la Unión. Por ello, más que otros, necesitamos una Europa sólida y un mercado eficiente.
Por otro lado, la Constitución establece mecanismos que van a permitir una participación más amplia de nuestra Comunidad en las decisiones europeas. Las regiones se ven reconocidas de forma expresa y se proclama el respeto a la diversidad cultural y lingüística. Los protocolos anexos permitirán también que los valencianos podamos dirigirnos a las instituciones de la Unión en nuestra lengua propia.
Curiosamente se ha afirmado que la Constitución promueve la deslocalización de nuestras empresas. Pero este fenómeno se ha producido en el pasado y seguramente se producirá en el futuro. El Tratado establece precisamente unos derechos sociales comunes y una política de cohesión territorial que promoverá una convergencia en materia social y salarial como la que nosotros mismos hemos vivido. Por tanto, las deslocalizaciones carecerán progresivamente de interés, al menos, dentro del espacio europeo.
Desde la perspectiva de la gran mayoría de la izquierda social y política la Constitución que se nos propone incluye avances sociales evidentes. Se ha incluido la Carta de Derechos Fundamentales con carácter vinculante, se habla de “economía social de mercado “ y de “pleno empleo”, cuando en Niza tan solo se hablaba de “economía de mercado abierta” y “alta ocupación”. La igualdad entre hombres y mujeres será un valor de la Unión y la política social ha pasado de ser una competencia complementaria a serlo compartida.
El texto permite seguir avanzando y refuerza el modelo social europeo. A buen seguro que a los trabajadores americanos o a los chinos les gustaría tener un amparo constitucional y efectivo como el que ofrece Europa.
Quedan sin duda muchas inquietudes ante nosotros. Nuestra Comunidad tendrá que afrontar la modernización del sector industrial en un entorno de fuerte competencia. Por otro lado, deberemos seguir avanzando en la convergencia social con unos recursos que ahora habrá que compartir con ciudadanos mucho más pobres que nosotros. Para dar respuesta a todo ello, esta Constitución, es un buen punto de partida, un buen marco para afrontar con éxito los desafíos que tenemos ante nosotros.