La misión de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que visita la Comunidad Valenciana deberá proponer una resolución al pleno de dicha cámara. Este hecho, tendrá sin duda una amplia repercusión en todo el continente.
Su viaje se produce por la alarma existente ante las continuas y numerosas reclamaciones llegadas a Bruselas de ciudadanos que residen en la Comunidad Valenciana y por la falta de respuesta de la administración ante esta situación.
Las miles de reclamaciones presentadas proceden principalmente de ciudadanos que se consideran víctimas de abusos urbanísticos que han afectado a sus propiedades. También se trata, en muchos casos, de denuncias por la destrucción del medio ambiente en la zona costera de nuestra Comunidad.
La situación ha provocado, además, la protesta formal de diecisiete Embajadores de la Unión Europea ante el Gobierno de España.
Lo primero que cabe preguntarse es, cómo es posible que el Consell no haya escuchado y atendido adecuadamente a las personas que reclamaban. Como es posible, que miles de ciudadanos no hayan tenido más remedio que acudir al Parlamento Europeo para solicitar un amparo que las autoridades autonómicas, competentes en la materia, no han sido capaces de ofrecerles.
En un principio, al Conseller Blasco se le ocurrió atacar a los propios afectados acusándoles de esquilmar el territorio. Ahora, atribuye la crisis planteada a “una campaña orquestada contra la Comunidad”.
Pero la raíz de los problemas, está en la aplicación que ha realizado el gobierno valenciano de la LRAU (Ley Reguladora de la Actividad Urbanística) y su pasividad ante las interpretaciones que de ella han hecho determinados ayuntamientos.
Lo más grave, es que ante las numerosas denuncias y advertencias, la indolencia ha sido la principal estrategia del Consell. Una especie de laissez faire, laissez passer de graves consecuencias para el prestigio de nuestra Comunidad.
La LRAU fue aprobada durante la etapa socialista y en general los expertos consideran sus criterios básicos adecuados. Sin embargo, como todas las leyes, tiene sus defectos y a la luz de la práctica debían haberse corregido.
Pese a los diez años de mayoría absoluta, el PP no se dignó a reformar la LRAU y cuando, durante esta legislatura, los socialistas lo propusimos en las Cortes Valencianas, se negaron.
Ni siquiera se molestaron en promulgar un reglamento de gestión que hubiera evitado muchas interpretaciones arbitrarias, muchos abusos urbanísticos y mucha de la destrucción que padece nuestro territorio.
Solo ahora, después de un escándalo a nivel europeo, hay disposición para promover una nueva “Ley Urbanística Valenciana”. Pero las leyes, solucionan poco si no se ponen los medios y la voluntad política para resolver los problemas. De nada servirá otra ley, si el Consell continúa aplicando la misma estrategia de pasividad ante los abusos urbanísticos.
Cabe recordar, que a nuestra costa le quedan solo 85 Kms. sin urbanizar, de un total de 430 kilómetros. Esta saturación, está poniendo en peligro una de nuestras primeras fuentes de ingresos como es el turismo y las residencias de ciudadanos europeos.
El Conseller Blasco, es quien tiene atribuidos los principales instrumentos legales y de gestión para garantizar un urbanismo que respete los derechos de los ciudadanos y la sostenibilidad medioambiental. Es él por tanto, quien debe asumir la responsabilidad política.
Durante la visita se han hecho aportaciones interesantes, como la de los promotores inmobiliarios, que han propuesto la creación de una comisión independiente que analice y clasifique las quince mil denuncias presentadas.
Primero, habrá que separar el grano de la paja y luego ver cuales deben acabar en la fiscalía y cuales deben impulsar iniciativas para defender mejor nuestro medio ambiente y mejorar la confianza de quienes desean vivir en la Comunidad Valenciana.
Defender los intereses de los valencianos y las valencianas exige acabar con este lamentable espectáculo que ofrece un Consell paralizado por la luchas internas del PP, ineficaz a la hora de dar seguridad jurídica a quienes quieren invertir aquí e incompetente para asegurar el enorme patrimonio de presente y de futuro que supone nuestra riqueza medioambiental.
Joan Calabuig Rull
Las Provincias
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