D. Benjamín Muñoz, secretario general de la Federación de Promotores Inmobiliarios de la Comunidad Valenciana, ha decidido calificarme en las últimas semanas de ignorante, demagogo, oportunista, carroñero e irresponsable.
No había recibido tal cantidad de lindezas de una persona a la que nunca me he dirigido e incluso de la que tenía referencias más bien favorables aunque, por lo que veo, posiblemente equivocadas.
Como responsable político, es al Conseller correspondiente a quién lógicamente he dirigido mi crítica política con motivo de la reciente visita de una misión del Parlamento Europeo a nuestra Comunidad.
Pero, al parecer, el Sr. Muñoz habla por boca de Blasco. Es más, sus argumentos son calcados a los de la burda propaganda de la Conselleria de Territorio y Vivienda.
Lamento sinceramente el tono exaltado del Sr. Muñoz, que no se corresponde con las personas a quien representa.
No he cuestionado en ningún momento la actividad urbanizadora como tal y el progreso que debe conllevar a las colectividades humanas cuando se hace de forma sensata, que es lo habitual. Tampoco me he referido a los promotores, que realizan su trabajo, en su inmensa mayoría, de forma honrada y responsable.
El exceso de pasión por el Sr. Blasco tampoco deja en buen lugar al Conseller. En un tema que genera tan gran polémica viene a señalarnos de que parte está el responsable político que debe velar por los intereses de todos, incluidos los que expresan sus quejas por la situación.
Si me lo permite, recomiendo al Sr. Muñoz que no haga demasiado caso al Sr. Conseller, porque es capaz de involucrarle en polémicas a las que nadie le ha citado -aunque obviamente es Vd. muy libre – y de suministrarle datos que no solo contradicen informes serios sino que con un simple vistazo son insostenibles.
Me consta que el pobre Blasco andaba desesperado buscando quién le defendiera ante la falta de respuesta de sus compañeros del PP dedicados a un notable quilombo que les deja poco tiempo para estas cosas. Además, ya de por si, no goza de demasiadas simpatías entre los suyos, incluidos sus compañeros de gabinete.
Hay que recordar que la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo visitó nuestra Comunidad ante la alarma existente por las continuas y numerosas reclamaciones llegadas a Bruselas de ciudadanos que residen aquí y por la falta de respuesta de la administración ante esta situación.
El secretario de la Comisión, el Sr. Lowe, ha señalado que le constan unas quince mil reclamaciones que proceden principalmente de ciudadanos que se consideran víctimas de abusos urbanísticos que han afectado a sus propiedades. También se trata, en muchos casos, de denuncias por la destrucción del medio ambiente en la zona costera de nuestra Comunidad.
La situación ha provocado, además, la protesta formal de diecisiete Embajadores de la Unión Europea ante el Gobierno de España.
Tal cantidad de reclamaciones de ciudadanos españoles y de toda la Unión carece de precedentes en las demás comunidades autónomas españolas y en el resto de Europa.
Sin embargo, la política urbanística del Consell del PP es calificada por el Sr. Blasco como “modélica y referente nacional e internacional” y por el Sr. Muñoz como políticas “acertadas en acceso a vivienda, ordenación y conservación del territorio”.
En lo único que tienen razón es que nuestra Comunidad se ha convertido, para desgracia nuestra, en un referente en este tema.
Cabe preguntarse cómo es posible, que miles de ciudadanos no hayan tenido más remedio que acudir al Parlamento Europeo para solicitar un amparo que las autoridades autonómicas, competentes en la materia, no han sido capaces de ofrecerles.
El Sr. Blasco no solo no les atendió adecuadamente, sino que se permitió atacar a los propios afectados acusándoles de esquilmar el territorio y calificó la crisis planteada de “una campaña orquestada contra la Comunidad”.
El Conseller, es quien tiene atribuidos los principales instrumentos legales para garantizar un urbanismo que respete los derechos de los ciudadanos y la sostenibilidad medioambiental. Debe, por ello, asumir la responsabilidad política del grave daño que su inoperancia está causando a la imagen de nuestra Comunidad.
La raíz de los problemas es que ante las numerosas denuncias y advertencias, la pasividad ha sido la estrategia del Consell. Un laissez faire, laissez passer de graves consecuencias para el prestigio de nuestra Comunidad.
Pese a los diez años de mayoría absoluta, el PP no se dignó a reformar la LRAU, – pese a que al parecer esta ley parecía el origen de los problemas- y cuando, durante esta legislatura, los socialistas lo propusimos en las Cortes Valencianas, se negaron.
Ni siquiera se molestó el Consell en promulgar un reglamento de gestión que hubiera evitado muchas interpretaciones arbitrarias y mucha de la destrucción que padece nuestro territorio. Según palabras del propio Sr. Muñoz en un artículo publicado el pasado mes de diciembre “El no haber hecho posible durante seis años que la LRAU dispusiera de un reglamento de gestión,… ha derivado en las consecuencias actuales, o lo que es lo mismo: aquellos lodos han arrastrado estos barros”. Vd. verá.
Ahora, tras el escándalo, hay una iniciativa para promover una nueva “Ley Urbanística Valenciana”. Pero las leyes solucionan poco si no se ponen los medios y la voluntad política para resolver los problemas.
En una reciente sesión de la Comisión de Peticiones tuve que reivindicar nuestro Estado de Derecho como garantía para el reconocimiento de los derechos ciudadanos. Defendí la seguridad jurídica que, pese a todo, ofrece nuestro sistema legal para dar la bienvenida a quienes quieren invertir en nuestra Comunidad y que son miles de europeos. No nos lo pone fácil la gestión impresentable del Consell.
A ello, hay que añadir que, lejos de perjudicarnos, la lucha de muchos defensores de nuestro medio ambiente es la garantía de que muchos ciudadanos están comprometidos con un entorno de calidad para el presente y para el futuro. Este es un elemento crecientemente esencial para nuestra competitividad como destino turístico.
Defender los intereses de los valencianos y las valencianas supone acabar pronto con este lamentable espectáculo que ofrece un Conseller incompetente para asegurar nuestro patrimonio medioambiental e ineficaz a la hora de atender y dar seguridad jurídica a quienes invierten aquí.
El Sr. Muñoz me advierte de que debo saber que “todo movimiento tiene una consecuencia posterior, favorable o desfavorable a ese movimiento”. A continuación de citarme, señala al Sr. Svoboda, como cazador cazado. No se si se trata de una amenaza, ni si también se habrá contagiado del estalinismo que todavía corre por la venas del Sr. Blasco. En todo caso, quiero advertirle que en la defensa de los intereses de nuestra Comunidad procederé como estime más adecuado y oportuno.
Por cierto, qué miserable es el que ha ordenado intentar tapar la boca a Sbovoda rebuscando en sus papeles, si lo conoce dígaselo de mi parte. Qué socorrido citar a Svoboda, cuando tenemos que asistir a que un hotel se exceda en ¡¡once plantas!! de la autorización de que disponía sin que ningún cargo político implicado asuma la responsabilidad de esta situación. Espero oír el clamor del Sr. Muñoz ante tal abuso.
Joan Calabuig Rull
Levante
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