no tengo nada nuevo que decir sobre la prostitución (que está mal que esté por las calles y que hay que regularla y tal), pero sí sobre una cosa que he leído hoy en el Levante: ¿vas a presentarte para alcalde de Valencia?

Si es así, te deseo toda la suerte del mundo, y para ello es necesario darte a conocer, porque si no… mal rollo. Como a tu amigo Alarte, que la mayoría de valencianos no sabe quién es, y por ello no es muy probable que gane, ni siquiera contra el corrupto de Camps.

Es difícil sacar a Rita del consistorio, pero no imposible.
Todo es publicidad.
No debe ser tan difícil acabar con esa señora.
Es posible.

Lo dicho, mucha suerte si al final te presentas.

Saludos.

(PD: en mi blog me meto con Rita)

Desde el año 2003, nuestro Código penal, permite penas de hasta cuarenta años para delitos de terrorismo, o cuando se cometan dos o más delitos con penas superiores a veinte años. Pero al margen de la duración mínima de la pena, delitos tan graves como el secuestro, la violación y el asesinato de niños, creemos que merecen marcos penales mucho más serios, más retributivos y más preventivos. Casos como el de De Juana Chaos, Josu Ternera, el asesino de Mari Luz o los innumerables sujetos de similar calaña exigen una respuesta digna y sin complejos por parte de la sociedad democrática a la que tan injustamente agredieron.

Consideramos que la reinserción es un derecho del reo, pero no una obligación del Estado, ya que nadie puede obligar a otro a reinsertarse si no quiere. Al Estado sólo se le pueden exigir las medidas materiales necesarias para que el sujeto de tal derecho pueda alcanzar la consecución de ese fin, pero corresponde al reo y sólo al reo, demostrar de forma inequívoca que es capaz de reincorporarse pacíficamente a la sociedad y merecedor de la libertad perdida tras las gravísimas e injustas agresiones de las que estamos hablando.

Ha llegado el momento de exigir a nuestros dirigentes políticos, a los legisladores, a los responsables de las instituciones públicas nacionales y autonómicas, un cambio de actitud para conseguir, de una vez por todas, combatir esta lacra sin que nuestro sistema legal, altamente garantista de los derechos y libertades ciudadanas, sirva de ventaja a tales organizaciones. Las leyes deben defender a los más débiles, proteger a las víctimas, y conseguir que, una vez encausado un preso y condenado sin lugar a dudas, este cumpla la pena como castigo de la sociedad por el mal causado.

Países tan cercanos a España, como son Francia, Alemania, Gran Bretaña o Italia, contemplan este tipo de “cadena perpetua” y ello es considerado compatible con sus correspondientes Constituciones que participan de valores comunes y cuyos derechos penales nacionales están informados por los mismos principios básicos que el nuestro.

Y para ello exigimos el compromiso explícito de buscar el cambio del Código Penal Español para que los delitos de sangre y contra la salud pública sean castigados con la mayor dureza; que las leyes elaboradas a tal efecto así lo dictaminen; y que el nuevo Código Penal permita exigir que las penas sean cumplidas íntegramente, consiguiendo así PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE de estos presos, que asegure tal fin.

Por ello parece razonable admitir que el debate sobre este tipo de penas se puede centrar en la conveniencia de incorporarlas o no, pero insistimos, tal y como se conciben en los países de nuestro entorno, no cabe duda de su constitucionalidad.

Acabemos de una vez con la impunidad y que los asesinos sepan que determinados actos tienen consecuencias de por vida, como las acciones que ellos mismos han cometido.

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JESÚS CIVERA Desde las pasadas elecciones autonómicas, el presidente Camps ha vivido en el séptimo cielo. El golpe de Garzón le ha desmoronado todo el tinglado. Un imaginario precipitado sobre una síntesis en la que la mayoría absoluta, los grandes eventos y una administración de las cosas rolando por inercia, cubría sus referencias. Ni siquiera la desbocada crisis, que azota la calle con su desfile de parados, le había hecho tambalearse. Camps habitaba en una esfera, más allá del bien y del mal. El colosal éxito electoral le había situado en un escenario irreal. Garzón le ha devuelto a la tierra, quizás un poco tarde para releer sus puntos de apoyo y explorar nuevos campos políticos.

El líder paralizado. La implicación en el caso Gürtel ha dejado bloqueado a Camps. Paralizado, vencido. Cuando la trayectoria política se ha configurado sin sobresaltos, el primer arañazo es mortal. Camps no es un político adherido a una ideología, no ha vivido terremotos sociales, la dictadura y la transición le pasaron de refilón (15 años en la muerte de Franco). De concejal a conseller, de conseller a secretario de Estado, de secretario de Estado a vicepresidente de las Cortes, de vicepresidente de las Cortes a la Delegación del Gobierno, de la Delegación del Gobierno a la presidencia de la Generalitat. Un viaje alrededor de la política sin enfrentarse a angustiosos seísmos sociales, sin entregarse al dilema de la opción democrática o autoritaria, sin contemplar un paisaje político hostil a los valores del pluralismo, sin abismos personales. En ese estado inmaculado, cuando se sufre una sacudida, el trauma es terrible. El shock le ha dejado sin respuestas.

La estrategia. O con respuestas erróneas. Entre otras, las que le ofrece su primer círculo, de escaso contenido político. Su otro entorno, el núcleo duro en el Consell, con Cotino a la cabeza, ya está gestionando el peor escenario: que el TSJ abra diligencias. Son palabras mayores. Si el TSJ se inclina hacia ese lado del tablero, Camps se hallaría al borde de la dimisión. Sin embargo, no se está ahí, sino en una etapa anterior. Y en esta etapa, Camps ha renunciado a toda iniciativa política. Se ha enrocado. Ha decidido no plantear batalla. Y ha optado por alimentar dos estrategias que abundan en el riesgo. Una le debilita. Es la de la vertiente judicial. Fiar su crédito a esa estrategia es un error que le llevará a un callejón sin salida. La otra, la de la transparencia, no ha servido para nada, entre otras cosas porque retroalimentaba el escándalo: los consellers han acudido a las Cortes y han regresado a sus departamentos orillando la exhibición de los contratos y adjudicaciones. Salvemos a Rambla, en todo caso. Sin embargo, hasta en la posición defensiva sobre la que ha decidido actuar Camps hay que manufacturar política. Y eso, hoy, resulta una quimera. El presidente acaba de advertir que su círculo más íntimo carece de peso político. También la zarpa de Garzón ha servido para clarificar ese detalle. La asimetría entre el escándalo y la cuestión judicial abona una vía para gestionar de manera eficaz los tiempos y retardar el desgaste. También en ese punto ha decidido rendirse antes de jugar el partido.

Futuro imperfecto. Si el TSJ decide archivar el caso, la recuperación de la figura de Camps constituye una incógnita. El vuelco del Consell, en todo caso, se hace indispensable. Una remodelación profunda, redefiniendo las prioridades y el relato, situando a independientes de prestigio en el primer plano y soltando amarras con el partido, revisando el papel de las instituciones -y refundando el de las diputaciones-, puliendo la calidad democrática. El Consell, ya de por sí parco, está diluido, en las horas más bajas que uno recuerda. Inmovilizado Camps, apenas gravita sobre su eje principal. No acciona los mecanismos para adelantarse en los asuntos sustanciales, que es el germen de la política. Le salva la leal oposición, que resulta, por el momento, un intangible. Es decir, se sabe que existe, pero no se corporiza su presencia.

El campsismo. Por primera vez se escuchan voces críticas en el campsismo. Es la flaqueza del todopoderoso. Pero también, y no se olvide, el malestar por la hoja de ruta seguida por Camps desde el día en que se filtró su nombre. Y la impugnación por el severo filtro que le protege y le aísla.

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Sinceramente llevamos ya los suficientes años humillados, y parece mentira que no estemos ni siquiere reconocidos como profesión.. oficialmente, porque extraoficialmente si que todo el mundo renococe nuestra aportación a la sociedad de la información.

El gobierno debe dejar de ignorarnos y sacarnos de la indefensión y alegalidad que estamos sufriendo